Según FACUA, la denuncia -presentada ante la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) y las autoridades de Consumo de la Comunidad de Madrid- responde a la situación de desprotección y desamparo en la que la empresa matriz de Vitaldent deja a sus clientes al negarse a otorgar ningún tipo de solución o alternativa a los pacientes afectados por el posible mal servicio que puedan prestar sus franquicias.
Con este tipo de iniciativas, la Organización Colegial de Dentistas pone de manifiesto la importancia de una adecuada práctica profesional y unos servicios sanitarios de calidad con un alto grado de profesionalidad y compromiso ético.
Del mismo modo, recuerda que se está poniendo en peligro la salud de la población con la creciente mercantilización del acto sanitario y con el aumento de la publicidad sanitaria inapropiada y engañosa. En este sentido, insiste en que siendo la salud un bien especial a proteger por parte del Estado, en nuestro país son las Comunidades Autónomas las que tienen las competencias para desarrollar la normativa sobre publicidad sanitaria y que actualmente solo Aragón, Asturias, Murcia, Navarra y el País Vasco cuentan con regulación en esta materia.
De esta forma, el Consejo General de Dentistas reivindica una normativa marco de ámbito estatal más transparente que permita proteger a toda la población de recibir información sanitaria inadecuada que no cumpla con la ética profesional o que pueda inducir a error o engaño, evitando así los consiguientes riesgos que esto supone para la salud.
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